La reciente legislación salvadoreña que regula el financiamiento extranjero a ONG reaviva el debate sobre la influencia externa en movimientos sociales. Panamá enfrenta el reto de discernir entre demandas legítimas y discursos importados que impactan su desarrollo.
En los últimos años, Panamá ha sido escenario de un debate cada vez más intenso sobre el papel de la minería en su economía y en su territorio. Las discusiones no solo giran en torno a la sostenibilidad ambiental o a la distribución de beneficios, sino también a la procedencia y motivaciones de ciertos discursos que han ganado fuerza en la opinión pública. Mientras algunos movimientos sociales surgen de preocupaciones genuinas de las comunidades, otros parecen replicar estrategias, mensajes y marcos narrativos diseñados fuera de nuestras fronteras. Esta convergencia de intereses locales y externos plantea una pregunta clave: ¿estamos construyendo un debate propio, basado en datos y necesidades nacionales, o adoptando agendas ajenas que pueden condicionar nuestro desarrollo?
Un debate que cruza fronteras
En mayo de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % a las donaciones internacionales para organizaciones no gubernamentales, además de exigir su registro y autorización previa. Según el texto legal, la medida busca limitar la injerencia de intereses externos en la política interna y en la formación de opinión pública.
La discusión no se limita a ese país. En Centroamérica, proyectos estratégicos en minería, energía e infraestructura han enfrentado bloqueos y litigios impulsados por organizaciones con financiamiento internacional. Panamá no es ajena a esta dinámica.
Cuando la narrativa frena el desarrollo
Ana Gabriela Juárez, presidenta de CTA Consultoría Ambiental y reconocida entre las 100 mujeres más influyentes en la minería global, advierte en su análisis ¿Quién mueve realmente los hilos en Centroamérica? que “narrativas que no siempre nacen de la voluntad del pueblo, sino de agendas externas, han paralizado proyectos clave en toda la región”.
La ingeniera ambiental Rekha Chandiramani, coautora del informe Vulneraciones y violaciones a DDHH en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá (2024), señala que “la falta de transparencia en el financiamiento de ciertos movimientos y la ausencia de debate técnico informado generan un clima de polarización que dificulta la búsqueda de soluciones sostenibles”.
Entre los casos más citados se encuentran la mina El Escobal en Guatemala, detenida desde hace siete años, y Cobre Panamá, cuya paralización generó pérdidas millonarias en ingresos fiscales y afectó miles de empleos directos e indirectos. En ambos, la presión de ONG con financiamiento extranjero ha sido un factor determinante.
El papel de la cooperación internacional
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha canalizado miles de millones de dólares hacia América Latina desde 1961. De acuerdo con los Latin America Budget Reports 2022–2024, parte de estos fondos se destina a programas de fortalecimiento democrático y sostenibilidad. Sin embargo, el Informe 2023 de la Fundación para el Debido Proceso señala que también se han financiado litigios estratégicos contra Estados, campañas de comunicación con sesgo activista y movilizaciones que no siempre cuentan con respaldo técnico local.
Impacto en Panamá
Según el Informe MIPYMES 2023 del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, más del 90 % de las empresas del país son pequeñas y medianas, y la inversión extranjera es un motor clave para el crecimiento. En este contexto, la propagación de narrativas anti-mineras sin sustento técnico puede generar inestabilidad jurídica, desalentar la inversión y afectar la confianza de los mercados.
La minería, como cualquier sector productivo, requiere cumplir con estándares ambientales y sociales rigurosos, pero también necesita un entorno de debate basado en evidencia y no únicamente en percepciones o intereses externos.
Soberanía narrativa como activo estratégico
El desafío para Panamá no es rechazar la cooperación internacional, sino garantizar que esta se alinee con los intereses nacionales y con procesos de consulta transparentes. La construcción de una narrativa propia, sustentada en datos y en la participación de actores locales, es esencial para tomar decisiones que equilibren desarrollo económico, sostenibilidad y soberanía.
Fuentes consultadas:
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Asamblea Legislativa de El Salvador – Ley de Agentes Extranjeros, mayo 2025
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Fundación para el Debido Proceso – Informe 2023
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Ana Gabriela Juárez – ¿Quién mueve realmente los hilos en Centroamérica?
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Rekha Chandiramani y Ana Teresa Benjamín – Vulneraciones y violaciones a DDHH en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá, 2024
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USAID – Latin America Budget Reports, 2022–2024
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Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá – Informe MIPYMES 2023