La caída de 63% en la inversión extranjera directa no solo refleja menos capital entrando al país: expone una tensión más profunda sobre confianza, institucionalidad, justicia, política económica y capacidad de decisión.
El capital extranjero rara vez hace escándalo. No protesta en la calle, no convoca conferencias de prensa ni suele explicar públicamente por qué deja de apostar por un país. Simplemente se mueve. Y cuando se mueve, deja una señal que los gobiernos, empresarios y ciudadanos no pueden ignorar.
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo citadas por La Estrella de Panamá, la inversión extranjera directa en Panamá cerró 2025 en $905 millones, frente a $2,454 millones en 2024, una caída de 63%. En los tres años previos —2022, 2023 y 2024— la IED había superado los $2,000 millones anuales.
El dato, por sí solo, es fuerte. Pero el problema no está únicamente en la cifra. El problema está en lo que la cifra revela: Panamá atraviesa una conversación incómoda sobre su capacidad real para seguir siendo un destino confiable, competitivo y predecible para el capital internacional.
Durante años, Panamá se acostumbró a venderse como hub. Hub logístico. Hub financiero. Hub aéreo. Hub regional. Y buena parte de esa narrativa tiene sustento: ubicación estratégica, Canal, conectividad, sistema bancario, dolarización, zonas francas y una vocación histórica de servicios. Pero en el mundo actual, ser hub ya no es una etiqueta suficiente. El capital compara. Compara tiempos, costos, estabilidad jurídica, eficiencia institucional, infraestructura, seguridad, talento, clima político y capacidad de ejecución.
Y cuando esa comparación empieza a generar dudas, la inversión no se anuncia: se repliega.
Una caída que no puede explicarse con una sola causa
Sería simplista afirmar que la caída de la IED responde a un único factor. La propia nota de La Estrella recoge elementos como trámites lentos, costos altos, retos en infraestructura y señales que afectan la confianza de los inversionistas. También cita a la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, quien plantea que la caída debe entenderse como la coincidencia de varios elementos al mismo tiempo.
Esa lectura es clave. Panamá no perdió atractivo de un día para otro. Lo que vemos es la acumulación de señales: decisiones públicas mal comunicadas, lentitud institucional, incertidumbre regulatoria, presión fiscal, conflictos sociales no resueltos, deterioro en la percepción de justicia y una política económica que, por momentos, parece más reactiva que estratégica.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha matizado la lectura al señalar que la inversión extranjera directa no ha dejado de ingresar al país y que una parte importante responde al comportamiento cíclico de la reinversión de utilidades. Según explicó, hay momentos en los que empresas ya instaladas llegan a su capacidad máxima de expansión y retiran utilidades vía dividendos.
Esa explicación puede ser técnicamente válida en parte. Pero no elimina la preocupación central: una economía que aspira a atraer nuevo capital no puede conformarse con justificar la caída. Debe preguntarse por qué el inversionista está reinvirtiendo menos, trayendo menos capital nuevo o esperando más antes de decidir.
El cierre de la mina y el golpe a la confianza
Uno de los factores que no puede quedar fuera del análisis es el cierre de la mina Cobre Panamá. La Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato minero, y el gobierno ordenó el cierre de la operación tras semanas de protestas. Reuters reportó que la mina fue cerrada en noviembre de 2023 después del fallo de la Corte Suprema y en medio de una fuerte presión social y ambiental.
Aquí es importante separar dos planos. Por un lado, la defensa ambiental y la exigencia ciudadana de transparencia fueron legítimas y marcaron un punto de inflexión en la relación entre sociedad, Estado y grandes proyectos. Por otro lado, el caso dejó una señal compleja para el inversionista: Panamá puede aprobar, renegociar, judicializar y cerrar un proyecto de enorme escala en medio de una crisis política e institucional.
El problema no es que un país defienda sus recursos naturales. El problema es cuando las reglas parecen llegar tarde, cuando los contratos no generan legitimidad, cuando la política improvisa y cuando la justicia termina corrigiendo decisiones que debieron haber nacido bien diseñadas desde el Ejecutivo y la Asamblea.
Ese tipo de episodios no solo afecta a la minería. Afecta la percepción general de riesgo país. Un inversionista que observa el caso Cobre Panamá puede preguntarse: si esto ocurrió con uno de los proyectos más grandes del país, ¿qué garantías tengo de que mi inversión será tratada con claridad, debido proceso y estabilidad?
Fitch Ratings ya había advertido en 2024 que el cierre de la mina añadía presión sobre la calificación soberana de Panamá, en un contexto de desafíos fiscales y de gobernanza.
Política, justicia y economía: el triángulo que mira el inversionista
La inversión extranjera no analiza únicamente balances financieros. También evalúa señales institucionales.
Cuando un país muestra una justicia lenta, politizada o impredecible, el capital toma nota. Cuando los debates legislativos se perciben desconectados del desarrollo productivo, el capital toma nota. Cuando los trámites públicos se vuelven lentos, caros o discrecionales, el capital toma nota. Cuando la política envía mensajes contradictorios sobre sectores estratégicos, el capital toma nota.
Panamá tiene una ventaja histórica: ha sido percibido como una plataforma confiable para hacer negocios en la región. Pero esa confianza no es un activo permanente. Se construye todos los días y también puede deteriorarse.
La caída de la IED debe leerse como una advertencia sobre el modelo de país. No basta con atraer bancos, sedes regionales, multinacionales o fondos si al mismo tiempo el entorno institucional se vuelve más difícil de navegar. La confianza no se decreta. Se demuestra con reglas claras, justicia eficiente, trámites ágiles, seguridad jurídica, estabilidad fiscal y visión de largo plazo.
Las consecuencias: menos inversión también significa menos futuro
Una caída sostenida de la inversión extranjera puede tener efectos concretos en la economía real. Menos IED puede traducirse en menos expansión empresarial, menos nuevos empleos, menor transferencia tecnológica, menos innovación, menos construcción de infraestructura privada y menor dinamismo en sectores vinculados a servicios, logística, banca, comercio y tecnología.
También puede aumentar la presión sobre el Estado. Si entra menos capital privado, el país depende más del gasto público, del endeudamiento o de la capacidad interna de inversión. Y en un contexto fiscal estrecho, eso limita el margen para crecer.
La pregunta no es solo cuántos millones dejaron de entrar. La pregunta es qué tipo de país estamos proyectando hacia afuera.
¿Un país ágil o burocrático?
¿Un país confiable o impredecible?
¿Un país que protege la inversión responsable o que improvisa bajo presión?
¿Un país que resuelve sus conflictos con institucionalidad o con crisis acumuladas?
Panamá necesita una nueva narrativa de confianza
Panamá no ha perdido sus ventajas. Pero sí enfrenta el riesgo de que esas ventajas ya no sean suficientes.
El país necesita una nueva narrativa económica basada en confianza, no solo en ubicación. Una narrativa que combine competitividad con sostenibilidad, apertura al capital con reglas claras, defensa ambiental con seguridad jurídica, justicia independiente con velocidad institucional.
La caída de 63% en la inversión extranjera directa debe servir como punto de partida para una conversación seria. No para alimentar pesimismo, sino para exigir mejores decisiones.
Porque el capital extranjero no se queda donde le prometen estabilidad. Se queda donde la estabilidad se demuestra.
Y hoy Panamá tiene una tarea urgente: volver a convencer al mundo de que sigue siendo un buen lugar para invertir, crecer y construir futuro.
El mensaje ya llegó. Fue silencioso, pero claro.
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